La justicia salteña ha dado un paso decisivo tras las denuncias por la comercialización de lotes inhabitables en el municipio de San Lorenzo. A través de una resolución oficial, se dispuso la creación de una Unidad Fiscal especializada para centralizar la investigación sobre una presunta red de estafas. El foco está puesto en la venta de terrenos que carecen de las condiciones mínimas para la urbanización, afectando el patrimonio de numerosos compradores.
El equipo de investigadores trabajará en identificar las responsabilidades penales detrás de estas transacciones, que habrían sido realizadas bajo promesas de aptitud técnica y legal inexistentes. Las denuncias indican que los predios presentan graves limitaciones geográficas y ambientales, lo que imposibilita cualquier tipo de edificación segura. Ante la complejidad de las maniobras, el Ministerio Público Fiscal ha decidido unificar las causas para acelerar el proceso de recolección de pruebas.
Este caso ha generado una fuerte alarma en el sector inmobiliario de la provincia, ya que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los inversores ante proyectos de loteo irregulares. La Unidad Fiscal tiene como misión inmediata determinar si existió una maniobra defraudatoria organizada y si hubo connivencia de sectores técnicos para otorgar una apariencia de legalidad a tierras que, en la práctica, no tienen valor habitacional.
Con esta intervención judicial, se busca no solo sancionar a los responsables de las estafas, sino también sentar un precedente sobre el control de desarrollos urbanos. Las autoridades instan a la comunidad a verificar exhaustivamente la documentación y los informes de factibilidad antes de concretar operaciones de este tipo. Mientras tanto, se espera que en las próximas semanas se produzcan las primeras imputaciones formales contra los involucrados en esta millonaria estafa inmobiliaria.
